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EDITORIAL
Bialet Massé sigue vivo
A finales de 2010 y principios de 2011 se realizaron varios allanamientos a cargo de la AFIP en numerosos establecimientos de varias provincias argentinas donde se encontraron trabajadores en pésimas condiciones laborales. Las fincas pertenecen a importantes transnacionales como Nidera o Pioneer (ésta última ligada a DuPont). Una vergüenza que ya entrado en el Siglo XXI se repitan estas escenas de explotación amparado en una patronal que sigue desentendiéndose de la problemática social. Un ejemplo: Hugo Biolcatti, jefe de la Sociedad Rural Argentina consideró que es excesivo considerar como trabajo esclavo las condiciones halladas en esos establecimientos. Un despropósito.
Alguien dijo: “No se ocultan las llagas ocultándolas o velándolas a la vista del cirujano por un pudor malentendido: es preciso, por el contrario, presentarlas en toda su desnudez, en su verdad, manifestando sus antecedentes con toda sinceridad, para aplicarles el remedio más conveniente”. Evidentemente Biolcatti es un gran ocultador de llagas. La frase mencionada anteriormente fue vertida por el catalán Juan Bialet Massé en 1904 cuando publicó una obra que el tiempo, la negligencia y la corrupción se encargaron de olvidar: Informe sobre el Estado de las Clases Obreras en el Interior de la República. Una obra fundamental (e incómoda para su tiempo) que sirvió como una de las bases del derecho laboral argentino Sin embargo el valor y la vigencia de sus conclusiones aún sirven como una poderosa señal de alerta., como por ejemplo este párrafo.
Si reviviera Bialet y observara los resultados de los allanamientos de la actualidad escribiría exactamente esto que escribiera hace más de 100 años:
“El capitalista extranjero no ha mirado al país sino como campo de explotación pasajera y usuraria: ha entregado las gestiones a personas que no miran sino el alto dividendo, como medio de asegurar sus puestos, sin reparar en los procedimientos, cayendo no pocas veces en hacerlo redundar en provecho propio; que al fin y al cabo el que extrema para otros, cae en la cuenta de que algo debe quedar para él, y obtiene así dividendos que pudieran duplicarse con administraciones más racionales. Nada han hecho para mejorar al país ni siquiera sus propias industrias; todos ven que el país progresa, pero a pocos les ocurre preguntar: ¿qué es lo que debiera haber progresado, si esas administraciones no hubieran estrujado a sus propios obreros, no hubieran estrujado a la producción, a la que hacen cuanto pueden para no dejarle sino lo indispensable para que no muera? ¿Qué es lo que esos capitales habrían ganado, si hubieran hecho sus gerentes algo siquiera para el propio beneficio de la empresa, sometiéndose a la ley y llenando los objetos de la concesión honradamente?”
Sí, sí. Esto fue escrito en 1904. Y nos sirve para demostrar como en la actualidad Biolcatti y sus secuaces amparados en la complicidad del “Momo” Venegas se encargan de gestionar los dividendos que mayormente engordan las arcas de empresas transnacionales a costa del sufrimiento de miles de trabajadores que son sacados por engaño de su tierra, obligados a trabajar más horas de lo permitido, en inexistentes condiciones higiénicas e incentivando el trabajo infantil, entre otras calamidades.
Una vergüenza, pero parece que el reloj de algunos atrasa, pensando más en DuPont y Nidera (u otras transnacionales como Monsanto o Cargill) olvidándose de las conquistas laborales y sociales del Siglo XX. |
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AGENDA
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Concurso Nacional de Monografías sobre Derechos Humanos BECA UNLP IIDH
Hasta el 2 de mayo de 2011
El Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata lanzó la XVI Edición del Concurso Nacional de Monografías sobre Derechos Humanos. El mismo está destinado a estudiantes, docentes, investigadores e investigadoras de todas las Universidades del país, y su premio consiste en el otorgamiento de la admisión académica y de una beca completa para asistir al XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos a realizarse en la ciudad de San José de Costa Rica en agosto próximo, a cargo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Para consultas, ingresar a www.derechoshumanos.unlp.edu.ar
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Director
de FOCO
Jorge Carpio |
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Coordinador
del Boletín
Hernan Medina
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Armado
Luciana Garbarino |
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REPSOL EN LA MIRA DE ENDURECIMIENTO DE LEY QUE CASTIGA CONTAMINACIÓN EN NEUQUÉN |
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En 1991 se sancionó en Neuquén una ley provincial que fijó el régimen de sanciones por daños medioambientales. Ahora, la subsecretaría de Medio Ambiente encabezada por Ricardo Esquivel avanza en una reforma que no sólo permitirá incrementar diez veces el valor de las sanciones a aplicar, sino que redoblará las exigencias y controles y podrá llevar a la caducidad de las licencias ambientales de las empresas petroleras.
La reforma planteada ocurre luego de una seguidilla de desbordes y derrames que afectaron la misma zona en donde los inspectores de Medio Ambiente se encuentran trabajando.
Ya se iniciaron desde la Cartera acciones y controles especiales aunque la propuesta será presentada en pocos días a la Legislatura neuquina para su tratamiento.
Esquivel aseguró que incrementaron las fiscalizaciones y controles en cada instalación petrolera y notificaron a cada empresa sobre que deben efectuar procedimientos preventivos para evitar posibles pérdidas y situaciones problemáticas.
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Entre las notificadas se encuentra Repsol YPF. La empresa deberá presentar un plan de trabajo para acondicionar efectivamente sus instalaciones, las cuales se detectó que están deterioradas. Esto ocurre en sus instalaciones de Lomita, Lomita Sur, Chihuido de la Sierra Negra, El Trapial y Puesto Hernández.
A estas exigencias, centradas en el control integral de las instalaciones petroleras, se suma la elevación de 100.000 a 1.000.000 de pesos la sanción máxima por contaminación.
Finalmente, para poder continuar con mayores controles y exigencias Esquivel afirmó que se incorporarán 10 camionetas y 10 inspectores más abocados precisamente a controlar estas contaminaciones originadas en el mal estado de las instalaciones petroleras, muchas de las cuales se encuentran deterioradas y generan periódicas pérdidas que afectan a cerca del 20% de las bases y plantas.
Fuente:Diario Rio Negro
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TRIUNFO DE LA COMUNIDAD DE ABRA PAMPA (JUJUY) |
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En noviembre, el Concejo Deliberante de la localidad aprueba una ordenanza (número 51) impulsada por el Consejo Departamental de Comunidades Kolla, que nuclea a 40 comunidades indígenas, la cual prohibe la instalación de explotaciones mineras a cielo abierto.
En artículo 1º , la ordenanza prohíbe la “radicación, instalación o funcionamiento de exploraciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización”.
Por su parte, el artículo 2 prohíbe el ingreso, tráfico, uso, almacenamiento, comercialización, producción y transporte de sustancias tóxicas usadas en minería.
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| Pese al éxito inicial, el intendente Ariel Machaca vetó la norma en los primeros días de diciembre, lo que genero intranquilidad de las organizaciones locales.
El 13 de enero y tras la movilización de pueblos originarios (como los de Yumpaite, Rumicruz, Pan de Azucar, Queta, Potreros de la Puna, Puerta Potreros) y organizaciones ambientales y sociales, el intendente luego de una larga asamblea dio marcha atrás con el veto y puso en vigencia la ordenanza.
Reynaldo Sajama, Presidente del Consejo Departamental de Comunidades, denunció persecución policial a partir del accionar de Machaca, quien habría denunciado a 15 comuneros ante las autoridades policiales. Los acusó de maltratos físicos y agresiones, cuando la situación se desarrolló de forma pacífica.
Abra Pampa era conocida desde hacía tiempo por las continuas denuncias por enfermedades causadas por el impacto ambiental originado por contaminación con plomo de la empresa minera Metalhuasi. De hecho, un estudio de la Universidad de Jujuy reveló que el 81 % de los niños que habitan la comunidad de Abra Pampa tiene plomo en sangre en cantidades dañinas para su salud.
Fuente: Red de Comunicación Indígena
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EL VERANO VIOLENTO DE BARRICK GOLD
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El sábado 15 de enero de 2011, organizaciones comunitarias chilenas y argentinas sacudieron la tensa tranquilidad del poblado rural de Rodeo, partido de Iglesia (San Juan), territorio férreamente controlado por la transnacional Barrick Gold.
Se reunieron para dar un abrazo binacional a la cordillera. Aunque la idea original era concretarlo en el límite de ambos países, las demoras sufridas por el contingente chileno, hicieron militantes de ambas naciones se abrazaran entre sí en un gesto simbólico de unir ambos pueblo en la explanada del municipio de la localidad. Tras una asamblea en la plaza, marcharon por la avenida principal mientras los pobladores aplaudían y empezaban a sumarse a los manifestantes.
Tal vez por eso, la policía que los venía siguiendo con gran cantidad de efectivos a pie, en colectivo y autos recibió la orden de reprimir la marcha. A solo cinco cuadras de iniciada, una formación cerrada de uniformados se interpuso al paso de los manifestantes al tiempo que les decían que no avancen más. Los militantes intentaron caminar hacia atrás y otra vez el cordón policial de punta a punta le impidió avanzar. Una vez más el aparato represivo del gobierno de la provincia hacía acallar a los manifestantes en nombre de Barrick. Pero ni fue el último incidente.
El 23 de febrero se produjo un desalojo forzado de los dos campamentos de protesta que Greenpeace (que junto a otras organizaciones como la Asociación de Viñateros y la Federación de Viñateros e integrantes de la Asamblea Sanjuanina contra el Saqueo y la Contaminación, acusan a la empresa de esquivar el cumplimiento de la ley de Glaciares, mediante recursos judiciales que impiden su plena aplicación) había montado en el camino privado de acceso al complejo minero de Veladero y Pascua Lama que terminó en la detención de la directora Política de la organización ambientalista, Eugenia Testa.
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Luego de su detención la policía de San Juan, con apoyo de una patota contratada a tal efecto, inició el desalojo de los cerca de cien activistas que se encontraban protestando, deteniendo también a Florencia Dal Cabo (Greenpeace), Ramón Gómez Mederos (Espacio por el Agua San Juan y Sec. Adjunto CTA San Juan) y Walter Gambeta (Asamblea Sanjuanina contra el Saqueo), alojándolos en la Comisaría 22 de Rodeo. Aunque fueron liberados quedaron procesados por violar el art. 194 del código penal de la provincia, que sanciona a quienes entorpecen el transporte público. Sin embargo, en un comunicado la misma Barrick indica que se trata de "un camino privado".
Otras 50 personas fueron cercadas por la policía y patotas cercanas a la Barrick Gold y al gobierno de Gioja, provocando el levantamiento del corte.
Fuente: No a la mina
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SANTA FE SE TRANSFORMÓ EN ZONA LIBRE DE AGROTÓXICOS
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El 21 de febrero la justicia de la Provincia de Santa Fe prohibió fumigar en cercanías de zonas urbanas sentando un precedente para los jueces del resto del país y cuestiona, en base jurídica, el modelo agropecuario. Se dejó firme la anulación de fumigaciones en cercanías del barrio Urquiza de la localidad de San Jorge, provincia de Santa Fe, convirtiéndose en el primer fallo de ésta índole en la Argentina.
Se dispuso la prohibición total de fumigar a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y marca el límite de 1500 metros (si la aspersión es con avionetas).
El expediente judicial invoca el principio precautorio donde ante la posibilidad de perjuicio irremediable es necesario que los jueces tomen medidas protectivas, cuestiona al glifosato y apunta al modelo agropecuario en base a agroquímicos.
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Así acaban dos años de disputa judicial. El primer amparo había ocurrido en marzo de 2009 a través de Viviana Peralta (junto a otros vecinos del barrio) y el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat). El juez Tristán Martínez, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral 11, hizo lugar y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad. Sin embargo, los productores sojeros, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida.
En diciembre del mismo año y ya en segunda instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala 2) de Santa Fe mantuvo la prohibición y ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. Un paso inédito al invertir el cargo de la prueba. Como el Ministerio de Producción (donde funciona Agricultura) no elaboró ningún informe se decidió tomarlo como indicio de que no pueden probar la inocuidad de las fumigaciones. Por su parte, el Ministerio de Salud reconoció la disminución de afecciones en paralelo con la prohibición de fumigar.
Por su parte la ONG Cepronat anunció que ante este éxito va a pedir la misma prohibición en los 300 pueblos afectados en la provincia.
Fuente: Pagina 12 |
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TRANSNACIONALES AGRARIAS GENERAN TRABAJO ESCLAVO |
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Aires llevada a cabo en San Pedro, Provincia de Buenos Aires reveló que 130 personas trabajaban en condiciones de esclavitud para la empresa Nidera, 30 de ellos eran menores de edad que no sabían donde se encontraban.
Aunque la empresa hizo un descargo en su web oficial negando que las personas se encontraran en condiciones infrahumanas, nuevos operativos volvieron a demostrar las pésimas condiciones a las que se someten a sus trabajadores.
Este último operativo (también realizado por el Ministerio de Trabajo provincial) fue llevado a cabo entre el 22 y el 23 de enero de 2011 en establecimientos de la empresa Nidera S.A., dedicados al desflore de maíz en Mar del Plata, Miramar y Lobería. Se detectó que 183 trabajadores rurales realizaban sus labores en deficientes condiciones de higiene y seguridad que incluye hacinamiento, ausencia de agua potable y de instalaciones sanitarias. Muchos de los trabajadores encontrados son de Formosa lo que motivó que el Ministerio de Trabajo de esa provincia intime intimó a la empresa por la situación irregular de los mismos en dichos allanamientos.
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Pero Nidera no fue la única empresa denunciada. A principios de febrero, la AFIP resolvió suspender la aduana domiciliaria a DuPont Argentina SRL al comprobar que la empresa está vinculada con la cerealera multinacional Pioneer Argentina SRL, denunciada el 29 de enero por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, por trabajo esclavo y evasión, en Monte del Rosario, provincia de Córdoba. Allí había tres campamentos donde 140 trabajadores eran sometidos a trabajar sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad. Además, los empleados eran obligados a dormir en una suerte de "nichos" realizados en casillas de metal sin ventanas ni algún tipo de aislante térmico.
El 3 de febrero Pioneer recibió otra denuncia. Ese día la AFIP, en un operativo de control convenido con la Fiscalía Federal de Mercedes, descubrió un nuevo campamento con trabajadores rurales en condiciones de superexplotación, situado en la localidad de Gahan, partido de Salto (Buenos Aires). El campamento pertenece a la empresa Rural Power, contratista que trabaja a las órdenes de Pioneer e incluía un grupo de 25 casillas de chapa de similares características al que Pioneer manejaba en Córdoba. Allí también vivían trabajadores dedicados al desflore del maíz.
Fuentes:
Pagina 12
Cadena 3
Tiempo Argentino
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TRIUNFO DE ECUADOR FRENTE A CHEVRON |
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El lunes 14 de febrero, después de 17 años y a través de un fallo de primera instancia la petrolera estadounidense Chevron fue condenada a pagar 9.500 millones de dólares a comunidades de la Amazonía ecuatoriana por el vertido de tóxicos que contaminaron fuentes de agua y suelos y presuntamente causaron muertes por cáncer. Las acusaciones habían sido planteadas por unos 30.000 pobladores de las provincias de Orellana y Sucumbíos contra Texaco (adquirida por Chevron en 2001).
La Asamblea de Afectados por Texaco (AAT) que engloba a los demandantes afirma que los daños se produjeron entre 1964 y 1990 cuando la transnacional operó una concesión de casi un millón de hectáreas en las que explotó 356 pozos, en cada uno de los cuales construyó piscinas de desechos "sin revestimientos". En esas piscinas se depositaron petróleo crudo, lodos de perforación con aditivos (químicos usados en la perforación) y aguas de producción. Cuando el petróleo es sacado se inyecta agua a presión, que luego sale con sustancias tóxicas. Esas aguas de producción debían ser reinyectadas pero para ahorrar costos las arrojaron a los esteros y ríos que abastecían a las comunidades. Se calcula en 16 millones los galones de agua vertida.
Además, otros datos aportados por los querellantes afirman que la empresa construyó aproximadamente 1.000 piscinas para almacenar crudo de prueba, las cuales dotaron de tuberías para permitir el flujo de los desechos, que afectaron bosques y ríos. "Algunas de estas piscinas fueron escondidas o tapadas con tierra e incluso con capas de cemento.
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En 1998 el Estado ecuatoriano desligó a Texaco de toda responsabilidad tras la firma de un convenio de remediación con el Estado, y en 1998 la firma fue liberada de toda responsabilidad. Sin embargo, nunca se remedió totalmente el daño en las zonas afectadas tal como lo determinaban las leyes ecuatorianas.
La respuesta de Chevron no se hizo esperar. Negó que existieran las mil piscinas para almacenar crudo de prueba. También afirmó que aún falta la limpieza de unos dos centenares de piscinas correspondientes a un consorcio entre Texaco y el Estado ecuatoriano vigente entre 1972 y 1992. Pero le endilgó esa responsabilidad a la estatal Petroecuador por su participación en la alianza. Chevron también negó que la contaminación haya provocado casos de cáncer. El portavoz de la empresa para América Latina afirmó que las acusaciones son infundadas porque no hay evidencias médicas para sustentarlas.
Pero la AAT cita estudios médicos que reportan tasas de leucemia infantil 3 veces mayores en zonas operadas por Texaco con respecto al resto del país. Además, la incidencia de cáncer es 150% más alta en los residentes de esas áreas y de aborto espontáneo 2,5 veces mayor.
Fuente: Noticias Terra
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CONTAMINACIÓN DE UNA MINA DE ORO EN HONDURAS |
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| Glamis Gold es una empresa canadiense que nició sus operaciones mineras en Honduras en el año 2000 a través de una subsidiaria llamada Entremares que explota una mina de oro en el Valle de Siria. Desde entonces, los pobladores del lugar han visto amenazados su salud y la de sus animales. Por eso formaron el Comité de Defensa del Medio Ambiente, una organización de base creada por pobladores de comunidades que han sufrido los daños y violaciones ocasionadas por la operación de la mina con el fin de exigir compensación por los daños ocasionados al ambiente y la salud, igual que a las violaciones de los derechos humanos, y para detener la expansión de la compañía en otros municipios. En los años 2002 y 2003 se llevaron a cabo denuncias públicas relacionadas con la contaminación de aguas nacionales superficiales y subterráneas. En 2006, la Fiscalía Especial del Ambiente consideró fundamental realizar monitoreos ambientales en la zona minera y alrededores.
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| El 27 de enero de 2011 varios médicos y funcionarios del Ministerio Público hondureño fueron citados por la aparente apatía en el caso de la contaminación por plomo en el Valle donde los pobladores denuncian serias afecciones en la piel y quebrantos en su salud debido a los desechos con este material proveniente de la mina pese a que un estudio realizado en la zona reveló que en un grupo aleatorio de 62 personas la mayoría de ellos salieron positivos, especialmente los niños. Otro dato esclarecedor es que está creciendo el número de recién nacidos con serios problemas cutáneos, y en el caso de los pequeños en edad escolar están perdiendo el cabello sin explicación.
Increíblemente no se les dio tratamiento ni se procedió llevar a cabo un estudio epidemiológico del lugar para ver cuál es el punto de contaminación de plomo y la cantidad de personas afectadas, para hacer un tratamiento completo. Por eso la fiscal especial del Medio Ambiente, Reina Suyapa Rivera procedió a citar al jefe de salud (y otros funcionarios).
Además, la Fiscalía Especial del Ambiente, inició una investigación sobre el impacto que podría tener la presencia de la empresa Minera Entre Mares en la zona. De los resultados obtenidos se interpuso una acusación criminal contra la empresa en el año 2000 ante el juzgado Quinto de Letras de lo Criminal por delitos ambientales, usurpación de agua, daños agravados, delito forestal y desobediencia a la autoridad. El proceso continúa en suspenso hasta determinar el grado de culpabilidad.
Fuente: La Tribuna
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ACUSAN A MONSANTO DE PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTO SOBRE TRANSGÉNICOS EN BRASIL |
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Cândido Vaccarezza, diputado brasileño del Partido de los Trabajadores presentó un proyecto de ley para liberar el uso de las semillas Terminator. A fines de 2010, el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) denunció que una abogada de la semillera estadounidense Monsanto es coautora de la iniciativa legal de Vaccarezza.
Esta abogada se llama Patricia Fukuma, y es conocida por defender causas legales de empresas que tienen patentes de organismos genéticamente modificados (OGM).
La participación de la profesional fue hallada por el MST en las propiedades de un documento en formato PDF que ingresó a la Cámara de Diputados para su discusión.
Aunque en un primer momento Vaccarezza negó conocer a la abogada, en una entrevista posterior admitió que es posible que ella haya tenido alguna conversación con ella.
Por su parte, la abogada de Monsanto admitió que una asesora de Vaccarezza, llamada María Thereza Pedroso, la contactó para que revisara el proyecto y fue lo que hizo, efectuando sólo algunas sugerencias.
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El MST recordó que la tecnología Terminator fue condenada en 1998 por la ONU, y a nivel nacional por funcionarios de la Asociación Brasileña de Reforma Agraria (ABRA)
Fuente: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo
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NUEVA VÍCTIMA DE AGROTÓXICOS EN PARAGUAY |
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El 7 de enero Ruben Portillo, de 26 años, residente en la Colonia Yeruti, Departamento de Canindeyu, se convirtió en una nueva víctima de los agrotóxicos.
Su fallecimiento ocurrió días después de la fumigacion de un sojal que se encuentra pegado a su casa. Al principio mostró un cuadro de fiebre y vómitos.
Consultado por una emisora local, el doctor Joel Filártiga afirmó que el cuerpo acumula hasta que en un momento no aguanta y revienta”. Según él, que pese a la terrible situación acontecida lo más grave es una intoxicación crónica que lleve a cáncer o a dar a luz hijos con deformaciones como labio leporino.
No fue el único caso por intoxicación en Colonia Yeruti. El martes 11, otros 10 pacientes de la colonia fueron atendidos en el hospital local. Sin embargo, por expreso criterio médico fueron alentados a someterse a estudios laboratoriales. En 5 pacientes los resultados arrojaron “muchas alteraciones a lo normal”, por lo que los responsables del hospital
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decidieron internarlos para una mejor medicación. Un relevamiento preliminar de los médicos refiere que en toda la colonia habría más de 20 personas con el mismo problema.
Las familias afectadas acusan como responsables de constantes fumigaciones a arrendatarios brasileños que vienen utilizando productos agroquímicos en extensos cultivos sojeros en la comunidad. La unidad ambiental local, interinada por el fiscal José Zarza Galeano, comisionó al asistente Juan Marcelino González para que averigue la situación en el lugar.
Fuente: Ecosde-romang.blogspot
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ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS CONTRA NUEVAS EXPLOTACIONES DE REPSOL |
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El 9 de marzo las organizaciones Ecologistas en Acción, L'Escurçó y Greenpeace presentaron la plataforma 'Futuro o petróleo'. Su fin es paralizar los proyectos de exploración de hidrocarburos de Repsol frente a la Costa Dorada, en la provincia de Tarragona.
La petición más importante de la plataforma 'Futuro o petróleo' es que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino otorgue una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa para los dos nuevos pozos en aguas profundas, ubicadas en Lubina y Montanazo 5-D, solicitadas por Repsol.
Los motivos de la demanda: la gran irresponsabilidad ambiental en la zona por parte de Repsol y los enormes riesgos que los pozos generan en forma de vertidos, incendios y contaminación debido a que no existe ninguna forma segura de extraer petróleo en aguas profundas.
La instalación de las plataformas traería aún más degradación de los ecosistemas y de la biodiversidad del Mediterráneo, aumentaría la presión y los riesgos en otros sectores económicos, como la pesca o el turismo, en la Costa Dorada e incrementaría los riegos a los que se expone el Parque Natural del Delta del Ebro.
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Finalmente, la explotación de estos pozos no reduciría las importaciones españolas de crudo y su aportación hacia la independencia energética española sería muy inferior a la derivada del apoyo a energías renovables, la eficiencia de los vehículos o formas de movilidad sostenible.
Fuente: Agencia ABC
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ORGANIZACIONES PIDEN QUE ANDALUCÍA SEA LIBRE DE TRANSGÉNICOS |
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Andalucía es la comunidad autónoma más extensa de España y la cuarta más grande en la Unión Europea. El sector agrícola juega un importante rol en la comunidad autónoma, aportando hasta un 8% en el Producto Interno Bruto.
En esa región aparecieron seis nuevas peticiones de Monsanto, Bayer Science y Limagrain para ensayar con cultivos genéticamente modificados en el área.
Ante esto, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), manifestó el miércoles 16 de Febrero que Andalucía debería ser una región libre de transgénicos. Además pidió a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta andaluza que tome una posición “clara y contundente” frente a las peticiones de las empresas mencionadas, no prestando ningún apoyo a los transgénicos.
La agrupación Gaia-Ecologistas en Acción de Morón de la Frontera había presentado anteriormente una petición similar.
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Según COAG hasta este 19 de febrero permanecerían en la página de la Consejería Agricultora de la Junta, las solicitudes que pidieron Monsanto, Bayer Bio Science y Limagrain, para poder ensayar con maíz y algodón transgénico en la zona.
Esta preocupación se debe a que en el resto de Europa existe un fuerte rechazo de los consumidores a los alimentos modificados genéticamente, por motivos de salud, medio ambiente y hasta económicos por sus escasos rindes.
Irónicamente, España es el primer país de la Unión Europea en permitir el cultivo de los transgénicos de forma masiva.
Fuente: El Ciudadano
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