El martes 9 de febrero, Repsol YPF y el gobierno de Entre Ríos firmaron un convenio para la exploración del subsuelo provincial sobre el área del Acuífero Guaraní en busca de petróleo. Este convenio se enmarca en el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014, que Repsol YPF lanzó a fines de 2009, que inaugura un proceso de selección de áreas para la exploración hidrocarburífera en casi todas las provincias del país.Según las autoridades de la provincia, las áreas de exploración acordadas con la empresa se hallan al norte de la ruta nacional 18, en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Este territorio concentra numerosas actividades productivas, entre las que se destaca la ganadería bovina y ovina. También posee el 98 % de la superficie citrícola provincial, el 43 % de los cultivos forestales y extensas superficies sembradas de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz.
Según las autoridades de la provincia, las áreas de exploración acordadas con la empresa se hallan al norte de la ruta nacional 18, en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay,

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El capítulo más grave comenzó a escribirse el viernes 12 de febrero. Ese día, la policía cercó el lugar donde estaban los manifestantes que se encontraban en ese momento (algunos antropólogos, arqueólogos, docentes y muchas familias bajo un algarrobo). El lunes 15 por la tarde, el grupo especial Kuntur (una fuerza de choque antimotines) y efectivos de Gendarmería, con perros y equipo para reprimir, intentaron disuadir a los manifestantes para que los vehículos mineros de Agua Rica atraviesen la ruta hacia el yacimiento. Numerosos manifestantes fueron llevados a las comisarías de Andalgalá y Chaquiago. Las acciones represivas llevadas a cabo provocaron la reacción de 10 mil personas (la mitad de los habitantes del pueblo) que comenzaron a tirar piedras en los negocios proveedores de la minera y en el edificio de la municipalidad”.
Al día siguiente, el juez de Minas Guillermo Raúl Cerda notificó al apoderado de la empresa Agua Rica, el “cese de actividades hasta nuevo aviso”, con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.
Como en Esquel, a principios de la década, una comunidad local hizo valer su derecho a disfrutar de un ambiente sano, sin contaminación, ni saqueo, sin injerencias externas. Esperamos que el ejemplo se multiplique en todos los confines del país, en cada sitio puesto en jaque por las garras de las empresas transnacionales.

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El viernes 18 de diciembre el Concejo Deliberante de Marcos Paz (provincia de Buenos Aires) se unió a otros municipios del conurbano y aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza presentado por el Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE), por el cual se prohíbe el uso de agroquímicos en tareas de desmalezamiento.
Este proyecto fue tratado a partir de la solicitud de la Concejal Adriana Ruiz, del Frente Grande, que estaba trabajando también en un Proyecto de prohibición del uso de herbicidas en espacios públicos junto con otros bloques del Concejo.
La práctica de uso de los agrotóxicos era permanentemente denunciada por los vecinos de la zona, ya que no sólo afecta a quienes transitan por el lugar, sino también a quienes viven cerca (sólo una calle de distancia de donde se utiliza el compuesto)
Anteriormente, los municipios de Vicente López, Avellaneda y Lanús habían aprobado proyectos que pusieron fin a la práctica de desmalezamiento con glifosato que realizaba hasta el presente la empresa TBA sobre las vías del ferrocarril.

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Los Juríes (ex Pueblo Fides) es una ciudad del Departamento General Taboada, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Desde hace años los productores abarrotaron sus campos con soja y para matar malezas utilizan el agrotóxicos 2,4D.
Sin embargo, este fertilizante se deposita en los techos de las casas de los vecinos que viven cerca de los cultivos y cuando llueve el agua de lluvia arrastra estas sustancias hasta los aljibes ayudado por el sistema de recolección del líquido a través de canaletas. Eso ocasionaría la contaminación del agua que se consume en la mayoría de los hogares. A raíz de ello, cientos de familias de la zona mostraron su preocupación, no sólo por su salud, sino también  por las nuevas generaciones, que crecen aspirando químicos cuyo uso está prohibido en la provincia.
Denuncian problemas visuales, dermatológicos y mareos luego de cada fumigación con 2,4D al cual reconocen por el olor repugnante que emite.
Este panorama se repite en Añatuya, donde hubo quejas por el uso del 2,4D en campos ubicados a la vera de las rutas 7 y 21.

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Aunque ya demostró su incapacidad para detectar la contaminación de maíz, el gobierno mexicano validará el monitoreo de organismos genéticamente modificados (OGM) de las siembras con el laboratorio estadounidense Genetic ID.
La incapacidad de Genetic ID quedó demostrada en el estudio “Presencia de transgenes en maíz mexicano: evidencia molecular y consideraciones metodológicas para la detección de organismos genéticamente modificados” de la investigadora Elena Álvarez Buylla. Allí se revela que Genetic ID no es confiable para la detección de la contaminación porque sus resultados fueron negativos en el análisis de muestras de maíz contaminadas con transgénicos.
Pero no es el primer antecedente negativo de la empresa; en el 2005 esta empresa fue la encargada de analizar las muestras con resultados negativos rechazando la contaminación de maíz transgénico en los cultivos campesinos de Oaxaca, cuando en el 2001 una serie de estudios detectó en Sierra Juárez dicha contaminación, la cual fue corroborada por otros científicos. Sin embargo, estos estudios fueron ignorados por los funcionarios de entonces.

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