Carlos Matheu, fiscal de Instrucción del Distrito Judicial 3, turno 6 de la Capital, efectuó la acción judicial contra los acusados en base al artículo 55 de la Ley Provincial 24.051 de residuos peligrosos, que prevé penas de reclusión o prisión de tres a 10 años para quien "utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. El artículo agrega que si ocurriera la muerte de alguna persona la pena será de 10 a 25 años de reclusión o prisión.

Este suceso se enmarca en las numerosas denuncias por contaminación que un grupo de madres del barrio Ituzaingó Anexo viene llevando a cabo desde el 2002. Posteriormente se constató que su zona está contaminada con un "cóctel tóxico" compuesto por residuos de los transformadores de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), agua contaminada con plomo, cromo y arsénico y plaguicidas en los tanques domiciliarios.

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Vecinos y concejales de Vicente López denunciaron que las empresas TBA y Ferrovías utilizan glifosato (herbicida total no selectivo de amplio espectro que elimina hierbas y arbustos tóxico para los humanos) para mantener desmalezados los terrenos próximos a las vías. Los terrenos fumigados son adyacentes a viviendas, comercios y plazas a las que habitualmente asisten niños, quienes están más expuestos que los adultos.
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Mientras TBA usa glifosato de Monsanto, Ferrovías utiliza glifosato de Atanor afirmó Víctor Freire, integrante del bloque Iniciativa ARI, que presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Vicente López para frenar esa práctica, en función de hacer cumplir las leyes que prohíben las fumigaciones en zonas urbanas.
En TBA reconocieron el uso de la peligrosa sustancia para “controlar las malezas”, negando sus peligros sobre la población.
Testimonios de los vecinos afirman que cada vez que los obreros de TBA rocían los terraplenes, lo hacen con máscaras, lo que confirma la peligrosidad de la sustancia.
De hecho, desde hace un tiempo, se observan en el barrio casos de alergias, broncoespasmo y asma.
-Las fotos son gentileza de los vecinos de Vicente López los cuales nos las han enviado-

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Pascual Sigala Páez, subsecretario de Desarrollo Rural de esa dependencia, manifestó que las políticas estatales dirigidas al sector rural se enfocarán en conservar e impulsar la producción de maíz criollo a través del subsidio directo. El fin del mismo es evitar la siembra de transgénicos. También se analizará el establecimiento de un decreto que impida la experimentación y cultivo de organismos genéticamente modificados.
Por su parte diversas organizaciones campesinas, productores, académicos y el titular del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap), Ignacio Vidales, alertaron sobre la posibilidad del uso de transgénicos, que provocaría la total dependencia de los agricultores a las empresas transnacionales como Monsanto, lo que traería aparejado el fin de la riqueza cultural representada por los maíces criollos, el de la soberanía alimentaria y el de la salud de los michoacanos.
Finalmente Jorge Ramos Valladolid, representante estatal del sistema-producto granos y oleaginosas, consideró necesario que en Michoacán se establezcan bancos de germoplasma de maíz criollo, a fin de proteger las especies nativas de cualquier contaminación de cultivos genéticamente modificados.

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El 27 de febrero fueron derramados más de 14.000 barriles de petróleo del Oleoducto de Crudos Pesados sobre esta región.
La compañía, enterada del accidente, no cerró a tiempo las válvulas del oleoducto. Un informe del Ministerio de Medio Ambiente ecuatoriano reveló que la Reserva Ecológica Cayambe-Coca fue gravemente afectada, al igual que las poblaciones de San Carlos y San Luis, cercanas al río Quijos, donde fueron observados parches de crudo 72 horas posteriores al derrame. La OCP no efectuó acción correctiva alguna.

Este hecho no hace más que confirmar las advertencias que grupos ecologistas de todo el mundo venían realizando desde hace años alertando sobre la seguridad de este tubo construido a toda prisa pero que beneficiaba los bolsillos de empresas como Petrobras, Repsol-YPF o Perenco.
De hecho, la zona donde se encuentra el Oleoducto fue militarizada, encarcelándose a jóvenes ecuatorianos que se negaban a que el pueblo de Mindo o Lago Agrio fueran víctima de derrames futuros.
Tras este nuevo desastre, toneladas de crudo quedaron impregnadas en la flora y fauna pertenecientes a los afluentes del río Napo. Los depósitos de hidrocarburos instalados en los lechos de los ríos envenenarán paulatinamente toda la cadena trófica de la selva ecuatoriana, mientras que poblaciones como Coca, verán mermados el suministro de agua, al igual que las comunidades indígenas.

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