Desde hace años el noreste de Salta padece las actividades del sector hidrocarburífero y sus consecuencias socio-ambientales. Un nuevo conflicto se ha sumado.
En el año 2006, esta provincia encaró un paulatino proceso de licitación para la búsqueda de hidrocarburos tras la sanción de la Ley Corta en el 2006. Ese año ofertó 6 áreas para exploración  y eventual explotación  sobre un total de 16 que se encontraban en condiciones similares. Una de ellas era el área Hickman que compromete el territorio de las comunidades wichí La Chirola (cuyo territorio ancestral fue comprado por la empresa Sidecto, perteneciente a la familia Macri), La Corzuela, La Asamblea, La Golondrina, Media Luna, El Algarrobito Blanco, El

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No es la primera vez que la minería pone en jaque todo un desarrollo urbano. Latinoamérica tiene dolorosos y actuales ejemplos, como es el caso de Cerro de Pasco en Perú. Su historia puede servir de ejemplo sobre lo que no queremos en ocurra en Andalgalá. En esta ciudad peruana, la empresa Volcan Cía Minera busca la expansión sin límites del tajo abierto en la zona urbana, a través de diversos arreglos con delegados municipales y de organizaciones sociales.
La contaminación es tal que los recién nacidos ya poseen plomo desde el útero materno. Por su parte, los ambientes están inhabitables por la filtración de agua contaminada. Un estudio del 2008 denuncia que el 91% de los niños de 1 a 12 años y el 82% de mujeres en edad fértil, presentan niveles más altos que los máximos aceptados, en por lo menos algún metal pesado.
La gravedad del problema obligó a las autoridades a intervenir, por lo que se declaró la necesidad de implementar medidas urgentes para reubicar a la población ya que es insostenible la vida allí.
Desde FOCO esperamos que no se repita esta nefasta experiencia y que se dé marcha atrás con este despropósito que se abate sobre Andalgalá; así que una vez más enviamos nuestro apoyo a los luchadores y luchadoras sociales que seguramente ya están movilizándose para evitar futuros desastres.

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San Jorge es una ciudad santafesina de 25 mil habitantes, ubicada a casi 150  kilómetros de la capital provincial. En los últimos años su economía creció al calor de la expansión del monocultivo de soja.
Sin embargo, los vecinos del humilde barrio Urquiza, adyacente a los campos de soja, decidieron impulsar una denuncia contra las fumigaciones, debido a los constantes problemas de salud que se han generado.
En un fallo inédito (dictado en diciembre pero de reciente conocimiento) la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, a través del juez Tristán Martínez dio lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad.
También se ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, dentro de los próximos seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud, con lo cual se invirtió la carga de la prueba. Antes, los vecinos y campesinos intoxicados debían demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los productores y quienes apoyan el actual modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar el carácter inocuo de sus productos. Luego de cumplido ese plazo, Martínez deberá decidir si mantiene la medida, la profundiza o la revierte.

La Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa aprobó por unanimidad, la resolución 8/2010. En la misma se solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa y el INTA Anguil, realice las evaluaciones correspondientes de los distintos estudios nacionales e internacionales sobre la toxicidad en el manejo de aplicación del herbicida a base de glifosato y productos afines.
Los Autores del Proyecto son: Daniel Aníbal Lovera, Juan Ramón Garay, Mariano Alberto Fernandez, Alfredo Gilberto Schanton, María Patricia Lavín,  Teresa Antonieta Attocchi, (todos pertenecientes al Bloque Justicialista)
Lovera reconoce el uso que se le da al glifosato en la provincia pero también sabe que existen numerosas opiniones relativas a la toxicidad del glifosato, lo cual genera dudas e inquietudes. En ese sentido, el informe del Dr. Andrés Carrasco, Director de Embriología Molecular del CONICET, fue una de las referencias a tener en cuenta para pedir este informe.

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unos 600 litros de agua por segundo para el proceso de lixiviado de minerales y que una vez que termine el proyecto no quede nada en la región, dejando sólo contaminación ambiental.
También exigen que se atiendan los 12 puntos de un pliego regional que exige la electrificación de la región, el suministro de agua potable, el pago de regalías por los trabajos de la minera San Cristóbal, etc.

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El 13 de diciembre de 1999 el  petrolero Erika, de bandera de Malta, se partió en dos frente a las costas de Bretaña (Francia) en medio de una tormenta y derramó al mar cerca de 30.000 toneladas de fuel. La marea negra inundó casi 400 kilómetros del litoral francés, y afectó a más de 150.000 aves marinas, constituyéndose en la mayor catástrofe europea hasta la fecha.
El martes 30 de marzo, un tribunal de Apelación de París confirmó la sentencia millonaria y ejemplar que en su momento (enero de 2008) puso el Tribunal Correccional y ordenó, al armador, el italiano Giuseppe Savarese; a la sociedad italiana de inspección RINA (que homologó la idoneidad del barco pese a su ruinoso estado) y a la compañía petrolera Total (que fletó el carguero) a pagar más de 200 millones de euros de indemnizaciones.
De hecho, las penas fueron ampliadas, pues en el 2008 ascendían a 192 millones de dólares. Pero lo más importante es que se confirma el perjuicio ecológico que se deriva de los daños infligidos al medio ambiente, extendiendo las indemnizaciones a las asociaciones ecologistas, al igual que municipios y otros grupos que plantearon la demanda, bajo el principio de que

ni bien la contaminación afecte al territorio de ciertas "colectividades territoriales", éstas tienen derecho (aunque carezcan de competencias especiales en materia de medio ambiente) a reclamar indemnizaciones sobre los perjuicios que les han causado.
Por su parte Total asegura haber gastado por esta catástrofe 370 millones de euros (170 por compensaciones ya entregadas y 200 en limpieza de playas y tratamiento de residuos).

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