A las 14 horas del 11 de septiembre, la Subsecretaría de Medio Ambiente recibió una denuncia sobre una falla en la Empresa Esso en Campana que provocó un derrame de hidrocarburo sobre el Río Paraná de las Palmas. No es el primer incidente con esta empresa.
El derrame se originó por la falla de una brida, por lo que el hidrocarburo contenido en la cañería se vertió sobre el suelo natural. Aunque existe un muro de contención para evitar que los derrames lleguen al río, el mismo estaba roto y sin mantenimiento. Por eso el material se volcó en el río generando una mancha importante de hidrocarburo de contaminación de aproximadamente unos 900 a 1000 metros2.
Inmediatamente se hizo la denuncia ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) el cual interviene en empresas de Tercera Categoría Industrial como la ESSO y es el organismo de aplicación en estos casos. El organismo envió personal para recorrer las instalaciones de la ESSO y verificar la

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La única objeción que podría hacerse es el rechazo por parte del Senado de un proyecto que presentaran las organizaciones sociales, y que fue aprobado a principios de agosto por diputados, el cual trataba del rechazo de nuevas concesiones mineras hasta tanto se hubiese terminado el inventario donde se individualizaran todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo. Sin embargo, algunas voces son optimistas afirmando que es probable que esto ocurra de todos modos si el inventario se ejecuta en breve.
Ante esta situación, las empresas mineras han amenazado con lanzar juicios por los derechos adquiridos. De esta forma se formará un nuevo frente que involucra algunas de las mayores inversiones mineras en el país, lo que demuestra que la ley es una bisagra en lo que a política ambiental atañe. De allí el nerviosismo de las empresas, quienes seguramente harán todo lo posible por sabotear una ley aprobada por el Congreso el cual se redime de sus primeros errores. Por estos motivos, se hace necesaria la reglamentacion inmediata de la ley.
FOCO celebra la aprobación de la ley y quiere recordar que los políticos que aprobaron el proyecto, las Organizaciones Sociales y poblaciones locales que lucharon para lograr su objetivo deberán permanecer alerta y presionar para que se efectivice la ley. No hay que dormirse en los laureles. Hay muchos intereses creados listos para desarrollar su rapiña sobre el suelo argentino.

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Osvaldo Alonso, decano del Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA), ubicado en Río Negro rechazó los 23 mil pesos que la empresa debe aportar a la institución.
Aunque la decisión fue llevada a cabo en forma unilateral por el decano, deberá esperarse que la medida sea aprobada por parte del Consejo Directivo de CURZA.
Según Alonso, la decisión tomada no es novedosa pues ya lo había planteado durante la campaña y se basa en un acto de solidaridad con las personas afectadas y quienes están reclamando contra esta explotación la cual utiliza cianuro y grandes cantidades de agua en una zona semidesértica, para obtener cobre.

En agosto de este año la revista estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología) publicó la investigación de Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA e investigador principal del Conicet.
El trabajo se llama “Herbicidas basados en glifosato producen efectos teratogénicos en vertebrados interfiriendo en el metabolismo del ácido retinoico” y confirma a través de análisis científicos que el glifosato produce malformaciones.
Por vez primera se vincularon las malformaciones con la incidencia del glifosato en el aumento del ácido retinoico, el cual es un derivado de la vitamina A, presente en todos los vertebrados y fundamental para la regulación correcta de los genes involucrados en la vida embrionaria.
Estos experimentos se llevaron a cabo en embriones anfibios y de pollos, generalmente utilizados como modelos tradicionales de estudio en embriología cuando se investigan trastornos en el desarrollo de vertebrados, útiles para obtener equivalencias con lo que sucedería en el desarrollo de embriones humanos.
El trabajo en Chemical Research in Toxicology consta de 10 páginas e incluye términos técnicos que dan cuenta de los efectos nocivos del agrotóxico tales como microftalmia, microcefalia, ciclopía, malformaciones craneofaciales y acortamiento del tronco embrionario y no descarta que, en etapas posteriores, se confirmen malformaciones cardíacas.

A  través de estos análisis se advierte que los resultados comprobados en laboratorio son compatibles con malformaciones observadas en humanos expuestos a glifosato durante el embarazo y se mantiene la alarma sobre los casos de malformaciones en humanos observados en poblaciones expuestas en zonas agrícolas, no sólo de Argentina sino en toda Latinoamérica donde se desarrolla el modelo sojero.
Con este hecho se da por tierra una de las coartadas que se habían montado para desprestigiar el trabajo de Carrasco cuando sus críticos afirmaron que la investigación no había sido publicada en una revista científica, la cual supuestamente otorga validez al saber científico. Era la primera vez que un estudio de laboratorio de Argentina confirmaba el efecto perjudicial del glifosato.

Fuente: Pagina 12

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El 9 de noviembre, la Asamblea Legislativa de este país aprobó en forma unánime la Ley para la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y del uso de cianuro, mercurio y otras sustancias peligrosas.
Con la misma, Costa Rica se convirtió en el primer país centroamericano que avanza en la prohibición de esta actividad. Sin embargo, no es retroactiva con lo cual, los ambientalistas deben seguir pendientes en su actual lucha por el cierre de la Mina Crucitas que en este momento, se está debatiendo en el Tribunal Contencioso Administrativo con sólidas argumentaciones de parte de los grupos opositores al proyecto y con el apoyo masivo de constantes acciones y movilizaciones desde los grupos organizados, reflejando refleja la clara oposición del 90% de la población costarricense a este proyecto minero instalado en la zona de San Carlos.

Es importante recordar que anteriormente (14 de septiembre) las organizaciones ambientales CEDARENA, UNOVIDA y APREFLOFAS, enfrentadas al Estado costarricense y a la minera Industrias Infinito (propietaria del Proyecto de oro Las Crucitas) en el Tribunal Contencioso Administrativo habían logrado un importante triunfo al conseguir que la empresa vaya a juicio luego que fracasen todas las argumentaciones esgrimidas por la empresa, la Procuraduría General de la República y el SINAC.
Por eso, la minera debe esperar que el Tribunal resuelva el proceso contra el Estado costarricense por el otorgamiento ilegítimo de la concesión de explotación, además de la promulgación ilegal del decreto de Conveniencia Nacional, así como por todas las irregularidades con que fue aprobado el Estudio de Impacto Ambiental y dada la Viabilidad Ambiental.
El Tribunal, además de llevar a juicio la concesión, determinó mantener las medidas cautelares impuestas a la compañía hace varios meses, que consisten básicamente en la suspensión de todos los trabajos de la mina.
Por otro lado, las partes demandantes exigieron que el Gobierno entregue el informe y documentación precisa con la cual llegó a la conclusión de que en una eventual demanda internacional el Estado debía indemnizar a la minera con 1.700 millones de dólares. Esto será utilizado como parte de las pruebas.
Hace poco, la Contraloría General de la República había señalado la gran cantidad de irregularidades por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. En ese sentido, se espera un desenlace final favorable en el juicio a favor de los movimientos sociales y ambientales costarricenses quienes hicieron un llamado a la ciudadanía para que se mantenga firme en su oposición a la minería a cielo abierto.

Fuente: Asamblea autoconvocados por el no a la mina