El mapa editado en el año 2008 y disponible en la sección del Observatorio de Empresas Transnacionales (http://www.inpade.org.ar/oet-mapa%20de%20conflictividad.htm)
perteneciente a FOCO intenta ser una herramienta útil en la investigación referida al nivel de extranjerización de la economía minera en la Argentina. Para ello se da cuenta de la distribución territorial de los emprendimientos (81 a lo largo del país, concentrados sobre la Cordillera de los Andes), se muestra el gran número de localidades afectadas por este tipo de explotaciones (en total, 272), se crea una base de datos integrada para seguir ampliando y actualizando datos e informaciones futuras. Finalmente, la idea es que el mapa sea una herramienta flexible que permita a diferentes Organizaciones agregar sus datos y servir para posteriores investigaciones.
Luego de las ponencias se inició un intenso debate enmarcado en las respuestas que la sociedad puede realizar para evitar la expansión del modelo extractivo (tanto en la minería como el sojero, descripto por José Álvarez). Hubo un acuerdo en reconocer las dificultades en el acceso del poder a gran escala, por lo tanto la alternativa es crear espacios (microespacios) en los ámbitos más cotidianos. Para ello, las Asambleas son una buena herramienta que pueden tener un buen correlato político si logran influir sobre las políticas locales ligadas a los Municipios.

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Una vez más las patronales pretenden imponer su lógica. En medio de la emergencia sanitaria suscitada por la aparición de la pandemia de gripe A (H1N1) la empresa Kraft Foods Argentina, antiguamente Terrabusi, despidió a más de 150 empleados que reclamaban por mejoras en la implementación de medidas de prevención contra la enfermedad.
Aunque en Argentina está prohibido despedir a los delegados gremiales, Kraft dio de baja a muchos de ellos. La respuesta obrera no se hizo esperar, convocándose a huelgas y cortes de rutas a lo largo y ancho del país.
Sin embargo, el fantasma de la represión siempre ronda en estos sucesos y así se hizo presente la noche del viernes 25 de septiembre. En esa ocasión cuatro personas que reclamaban dentro de la fábrica de la empresa resultaron heridas y sesenta y cinco detenidas por la policía y la gendarmería ante la orden de un juez para desalojar la fábrica. Por supuesto que los trabajadores no bajaron sus brazos.
¿Qué lectura se pueden hacer de los acontecimientos?

En primer lugar que las patronales no entienden que los tiempos cambiaron. El país ya no atraviesa los tiempos de “seguridad jurídica” con los que se malacostumbró en la década del ´90 (e inclusive desde la última Dictadura). Y sin embargo, persisten en intentar mantener sus lógicas de explotación. Lógicas perversas, de disciplinamiento laboral que pretenden extender a la industria en general, todo en nombre de la “modernización”, de la flexibilización que supere las “rigideces” del orden laboral de Argentina. Para la patronal es importante mantener altas ganancias, enormes beneficios. ¿A costa de qué? A costa de los derechos de los trabajadores “¿Tienen derecho los trabajadores?” se preguntarán los CEOS de las transnacionales. Ahora, ¿Pedir trabajo de ocho horas, bien remunerado y con todas las garantías sanitarias y en materia de seguridad es delito?
No hace falta volar muy alto en el pensamiento para deducir cual es el mundo soñado de los empresarios. Deben extrañar los tiempos en que los trabajadores llevaban jornadas de hasta 15 horas, donde los niños también debían participar hasta extenuarse (y sin embargo esto último sigue pasando en muchos países en la actualidad).
Pero que no se confundan. El movimiento obrero organizado siempre estará diciendo presente para evitar los atropellos, siempre alerta a los nuevos avatares. Hoy la lucha y el piquete es en Kraft, mañana no se sabe, pero el peligro siempre está latente.
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Aunque la empresa anglo-holandesa Shell había llegado a un sospechoso acuerdo con el intendente de Magdalena y otras autoridades por una cifra ridícula, la justicia porteña notificó a la petrolera por la causa judicial iniciada por más de 500 vecinos de esta localidad bonaerense, que reclaman 1000 millones de pesos para resarcir el derrame de petróleo que afectó su localidad.
En enero de 1999 tras un choque donde estuvo implicado un buque de la petrolera Shell se

derramaron más de 5 millones de litros de hidrocarburos sobre las costas de Magdalena y aunque provocó un desastre ambiental sin precedentes en Argentina y perjudicó la salud y la situación laboral de los lugareños, Shell consiguió a través de un plebiscito desentenderse de su culpabilidad. Mediante el plebiscito la empresa firmó un acta acuerdo con la Municipalidad de Magdalena y se desligó del daño ambiental por la suma de 9,5 millones de dólares. Sin embargo, la Asociación de Abogados Ambientalistas se contactó con la Fundación Ala Plástica, una ONG ambientalista que sigue el tema desde hace años y presentó un pedido de nulidad del acta acuerdo en la Justicia porteña, que debía homologar el convenio.
El pedido de la nulidad del acuerdo se basa en el artículo 41 de la Constitución nacional, que establece que “el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley” (en este caso la Ley 25.675), cuestión de la que Shell pretendió desligarse desde el principio.

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El jueves 25 de septiembre y en forma inesperada la Cámara de Casación Penal de la Nación anuló un histórico fallo que ordenaba el procesamiento sin prisión preventiva de Julián Patricio Rooney en su calidad de vicepresidente de Minera Alumbrera como presunto autor penalmente responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud previsto en el artículo 55 de la ley nacional de Residuos Peligrosos 24.051. En aquella ocasión el biólogo investigador del Instituto Miguel Lillo había denunciado una presunta contaminación producida en el canal de desagüe DP2 donde la minera vuelca sus efluentes industriales. Dicho canal se halla en la ruta provincial 302, en la localidad de Ranchillos (Cruz Alta). Allí convergen las aguas que provienen de una planta de filtrado ubicada en esa zona, lugar donde desemboca, por medio de un mineraloducto, el concentrado de mineral que la empresa extrae del yacimiento Bajo La Alumbrera (Catamarca).

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Con estos resultados, el juez Núñez (a cargo del caso) se aprestaría a tomar una resolución. Pablo Fajardo, abogado de los afectados, manifestó que el proceso se resolvería en el primer trimestre de 2010, pese a que Chevron pretenda demorar el proceso.
La más nueva de las argucias presentada por la multinacional estadounidense es entregar
videos grabados de manera clandestina a las autoridades ecuatorianas y estadounidenses a través de los cuales la empresa dice probar que el juez Nuñez estaría implicado en un plan de soborno a futuros contratistas para remediación ambiental y habría anticipando un fallo en contra de la petrolera. En función de esto exigieron la renuncia del juez.
Más allá del intento, el presidente subrogante de la Corte de la provincia de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, lo mantuvo en su cargo. Por su parte, Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura (institución que podría removerlo si encuentra fundamentos para sus destitución) afirmó que más allá de la investigación que se hace al juez Nuñez, sus actuaciones en el caso no pueden ser anuladas.

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Cerro de Pasco es una localidad de 200 mil habitantes que sufre la contaminación de plomo en la sangre por la instalación de actividad minera en sus adyacencias. La contaminación es tal que incluso los recién nacidos ya poseen plomo desde el útero materno. Por su parte, los ambientes están inhabitables por la filtración de agua.
Sin embargo, el hospital de la ciudad posee sólo 14 médicos y sus equipos para atención de pacientes tienen una antigüedad de 30 años, además de caerse a pedazos. Lo más grave de todo es la ausencia de agua potable para los diversos servicios que presenta.
Este es un aspecto más de los numerosos dramas que se suscitan sobre la población desde hace décadas. La actividad minera hace años se viene expandiendo en el área. La explotación de relaves y desmontes resulta rentable. Sin embargo, la situación se tornó insostenible para las poblaciones que conviven con la minería al aumentar el riesgo del grave impacto en la salud e impedir la estabilidad de los asentamientos poblacionales.
En Cerro de Pasco, la empresa Volcan Cía Minera busca la expansión sin límites del tajo abierto en la zona urbana, sumándose a las anteriores expansiones ocurridas en 1971 y 1998, lo que agravaría el crecimiento urbano anárquico y los graves problemas de salud, particularmente en su población infantil.

Un estudio del 2008 denuncia que el 91% de los niños cuyas edades fluctúan entre 1 a 12 años y el 82% de mujeres en edad fértil, presentan niveles más altos que los máximos aceptados, en por lo menos algún metal pesado. Además, estudios de prevalencia de plomo en sangre en la zona arrojaron que las poblaciones más contaminadas y afectadas en su salud son Quiulacocha, Ayapoto y Champamarca, con 89.2%, 87.8% y 82.8% de niños que poseen más de 10 microgramos de plomo por decilitro de sangre respectivamente, muy por encima del máximo permisible establecido por laOrganización Mundial de la Salud (OMS).
Volcan Cía Minera fue multada varias veces pero ha mantenido su política de incumplimiento ambiental (además del tributario y laboral) lo que motivó un plan de reubicación de Cerro de Pasco, al ser insostenible la vida en la ciudad. De todos modos es importante aclarar que de ocurrir el traslado, la empresa se beneficiaría de la obtención de ganancias al quedarse con toda la zona mineralizada donde ahora se encuentra ubicada la ciudad.

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El sábado 10 de octubre la coalición que gobierna Irlanda convirtió a este país en el noveno de la Unión Europea que prohíbe el cultivo de transgénicos en su territorio. Los otros miembros de la lista son: Francia, Austria, Grecia, Luxemburgo, Hungría, Italia, Polonia y Alemania que ya mantienen algún tipo de prohibición sobre el cultivo de organismos modificados genéticamente aplicando el principio de precaución ante los riesgos ambientales, sociales y para la salud de estos cultivos. Mientras tanto, España al igual que la Argentina continúa cultivándolos a gran escala.
También se anunció la introducción de un etiquetado voluntario libre de transgénicos para productos relevantes siguiendo el esquema adoptado recientemente por Alemania, sumándose a la corriente europea de etiquetar los productos derivados de animales alimentados con transgénicos, respondiendo a la abrumadora oposición social.

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