Director de FOCO
Jorge Carpio
Coordinadora del Boletín
Odile Hourcade
Coordinadora de Comunicación
e Imagen Institucional
Agustina Carpio
Colaboración Periodística
Odile Hourcade,   María Andrea Urturi, María Cecilia Pon, Ana Cecilia Grimaldi
Armado
Marcela Sanz

(Por Odile Hourcade)

Hacia fines de julio el grupo de países en desarrollo conocido como G-24 –que opera como bloque de accionistas minoritarios del Fondo Monetario Internacional (FMI)- emitió una declaración conjunta en la que manifestó, una vez más, su desconfianza ante las prácticas del FMI y expresó su más decidido apoyo al intento de elegir a un nuevo director gerente a través de un proceso transparente, multilateral y abierto a los candidatos de los 185 países miembros de la institución.
El cargo en cuestión, como es de suponer, es clave: el director gerente de la institución es el mismo presidente del directorio ejecutivo, órgano responsable de conducir las operaciones diarias del Fondo.
Si bien un proceso de selección abierto no necesariamente se traduciría en prácticas de la institución más beneficiosa sobre los países en desarrollo, un método realmente democrático de elección supone la posibilidad de que alguien del mundo en desarrollo sea elegido. Y es este punto el que debería ser resaltado, ya que una de las principales críticas de las que ha sido y es objeto el Fondo se refiere a su imparcialidad y su tendencia recurrente a imponer su voluntad sobre los países más pobres aunque no sobre los ricos. De esta forma, elecciones transparentes y abiertas a candidatos de los países en desarrollo permitiría que quien conduzca los asuntos cotidianos del FMI sea alguien que tenga un conocimiento profundo de los mercados emergentes y de los países en desarrollo, lo que podría dar lugar a una flexibilización de la conducta del organismo con respecto a estos países.
Es cierto que la Junta Directiva del Fondo afirmó que el próximo proceso se selección del director del organismo se basaría en el mérito de los candidatos y no en su nacionalidad al tiempo que aseguró que estará abierto para que cualquiera de los 185 países miembros presenten candidatos. También es verdad que el gobierno británico asumió el compromiso de reformar el proceso de selección del director gerente.
No obstante, los hechos recientes hacen dudar de que la voluntad de abrir la competencia sea realmente genuina y no sólo se limiten a declaraciones que intentan calmar descontentos, reducir críticas y atenuar acusaciones que cuestionan la legitimidad del FMI.
Esta apreciación deriva del hecho de que Europa, que concentra el principal bloque en la Junta, declaró su apoyo al francés Strauss-Kahn y afirmó que ni siquiera considerará otros nombres. Cabe decir que esto fue también apoyado por el ministro británico, “sacrificando” su deseo de abrir el juego a postulantes no europeos.
La voluntad reformista, queda en un nivel retórico que choca contra una práctica tan arraigada como anacrónica e inclusive discriminatoria ya que en última instancia deriva del presupuesto de que los europeos poseen los mejores candidatos, insuperables por personas de regiones no europeas.
Ante esta incompatibilidad entre el nivel declarativo y el escenario real, el G-24 pidió al directorio ejecutivo respetar el compromiso de selección transparente, basada en calificaciones del postulante y no en su bandera al tiempo que advirtió que no se abstendrá de presentar candidatos. No obstante, se percibe una entendible falta de convencimiento en presentar candidaturas ya que de hecho la práctica recurrente aniquila expectativas. Un claro indicador de esto está dado por el hecho de que Trevor Manuel, el ministro de Finanzas de Sudáfrica y favorito varios países del sur, no presentaría su candidatura en tanto los países ricos, que poseen la mayoría accionaria del Fondo, no den garantías válidas de que cumplirán con sus promesas de democratizar el proceso de selección de la autoridad máxima del FMI.
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(Por Odile Hourcade)

A mediados de mayo el entonces presidente del grupo del Banco Mundial (BM), Paul Wolfowitz, renunció a su puesto en medio de un escándalo de corrupción. Pocas semanas después Rodrigo Rato, el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo pública su renuncia, completando tan sólo tres años de un mandato de cinco.
Estos dos hechos han puesto de relieve una cuestión que merece especial atención, es decir, el mecanismo por medio del cual se eligen directivos en estas dos instituciones claves del sistema financiero mundial, donde la gran mayoría de los países del mundo son miembros y en las cuales deberían estar efectivamente representados.
Inmediatamente después a la dimisión de Wolfowitz, el gobierno norteamericano anunció que propondría un candidato para cubrir el cargo y el elegido fue Robert Zoellick. Días posteriores, la Junta de Gobernadores del Banco Mundial aprobó su candidatura, siendo el único nominado para el puesto por el presidente Bush. En lo que respecta al FMI, los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) han decidido que el sucesor de Rato sea el francés Dominique Strauss-Kahn, desestimando los reclamos de los países pobres, que abogan por un proceso de selección transparente, democrático, basado en el mérito de los candidatos y sin preferencias geopolíticas.
De esta forma, se da continuidad a lo que algunos llaman “pacto de caballeros”, que hace referencia a un acuerdo no escrito entre Estados Unidos y Europa según el cual Washington designa al presidente del BM y Bruselas selecciona al principal funcionario del FMI. Esta anacrónica práctica viene siendo cuestionada desde hace tiempo por un gran número de países, crítica que contribuye a agravar una complicada coyuntura en la que estas instituciones intentan encontrar una nueva identidad en medio de reclamos por una reforma en la gobernanza del BM y del FMI y una mayor democratización.

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(por Ana Cecilia Grimaldi)

Los presidentes de los comités de agricultura, Crawford Falconer, y de productos industriales, Donald Stephenson, en el seno de la OMC, han presentado borradores de las negociaciones de la Ronda de Doha en estas materias este pasado 27 de julio.Las reacciones fueron diversas ante los documentos preparados por cada uno de los presidentes de los mencionados comités.
Los representantes de los países negociadores sostuvieron que el borrador concerniente a agricultura puede servir como una buena base para retomar las negociaciones en septiembre próximo, cuando se reabran las sesiones. Entre los países que han tomado esta postura se encuentra India, uno de los miembros del G-4. Sin embargo, otros Estados, entre ellos Indonesia, destacan que este documento presenta serios problemas en lo que respecta a acceso a los mercados de los productos agrícolas, sosteniendo que las reducciones arancelarias sólo favorecen a los países industrializados en detrimento de los países con economías de subsistencia rurales.
Una de las cuestiones más importantes que mantienen los países en desarrollo es la “centralidad de la agricultura” en la Ronda de Doha, es decir que la agricultura debe determinar las negociaciones en otras áreas y no al revés.
Por el contrario, el borrador sobre los productos no agrícolas o industriales, recibió reacciones adversas en tanto los integrantes del NAMA-11 consideran que se dejan afuera del mismo sus opiniones. A esta posición adhirieron los demás países en desarrollo. La razón es el rechazo a la rebaja marcada de los aranceles de los productos industriales, mientras que tanto Estados Unidos como la Unión Europea interpretan que estos descensos no son suficientes para lograr la liberalización deseada en este sector.

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(por Ana Cecilia Grimaldi)

La estructura financiera internacional se constituyó en Bretton Woods en el año 1945, luego de la segunda guerra mundial, para posibilitar la reestructuración del sistema financiero internacional. En Bretton Woods se crearon el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y estos organismos continúan funcionando de la misma manera que lo hacían por aquellos años, cuando eran reflejo de la estructura de poder la sociedad internacional, en aquella época sólo conformada por Estados.
El poder de decisión se encontraba concentrado en aquellas naciones que más capital aportaron a la formación de estas organizaciones, situación que se ha mantenido inalterable hasta hoy en día. Además, el FMI se ha constituido en un instrumento utilizado por los países desarrollados para digitar las políticas internas de los países subdesarrollados y en desarrollo, a favor de los intereses de las grandes transnacionales estadounidenses y europeas que operan en los mismos. No sólo exigen y condicionan a nivel de las relaciones externas de los Estados mencionados, sino que determinan políticas fiscales, monetarias y laborales, llegando a la médula misma de la sociedad y afectando directamente a los ciudadanos.
Entre otras, las arribas mencionadas son las razones por las cuales se está cuestionando la forma de funcionamiento tanto del BM como del FMI. Las mismas provienen desde los más diversos sectores desde Organizaciones de la Sociedad Civil como desde el propio Estado, es decir de los actuales gobiernos.
En América Latina el efecto ha sido el comienzo de las tratativas sobre la creación del Banco del Sur, entre Argentina y Venezuela. Hasta este último julio ya se han sumado a este proyecto Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Chile participó en la reunión técnica de Caracas en calidad de observador. Por tanto, son ocho los países involucrados en el proceso de formación de esta entidad financiera, la cual contaría con aportes iniciales de cada uno de los miembros que oscilarían entre los 300 y 500 millones de dólares, para lo cual se utilizaría parte de las reservas de cada uno de los Estados.
Entonces, el Banco del Sur surge como una propuesta alternativa a las entidades internacionales desacreditadas por su falta de democratización en la toma de decisiones, la poca transparencia y la transformación de sus objetivos en meros sostenimiento de la política económica de las transnacionales.
Por tanto, uno de los objetivos principales de esta nueva organización latinoamericana sería apuntar a financiar proyectos para el desarrollo sobre todo en áreas ligadas a gasoductos, energía, infraestructura, logística, carreteras y ferrocarriles.
Las ONGs sostienen que desde antes de la conformación de esta entidad se deben construir espacios de participación a través de la apertura de instancias nacionales y regionales de información, participación y consulta para permitir una instauración democrática del mismo, teniendo como norte el desarrollo de los pueblos latinoamericanos. Por supuesto que desde nuestro lugar adherimos a esta propuesta para poder instituir al ciudadano como el verdadero destinatario y primer protagonista de su propio desarrollo.

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(por Ana Cecilia Grimaldi)

En distintos países de América Latina y de América Central se están llevando adelante negociaciones con Estados Unidos y con la Unión Europea (UE) con miras a establecer tratados de libre comercio entre ellos. Sin embargo, en cada uno de los países surgen conflictos y divergencias que responden a las particularidades del modelo productivo y de distribución, de las características de la sociedad civil y aquellos sectores perjudicados por la posible firma de este tipo de acuerdos y la misma distribución del poder de los actores políticos y sociales.
Frente al fracaso del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Estados Unidos inició negociaciones bilaterales cuyo objetivo fundamental es abrir los mercados latinoamericanos en materia de servicios y propiedad intelectual en pos de los intereses de las empresas transnacionales. Esto implica la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los pueblos, influenciando la política interna, como en el caso de Perú, en dónde el último mes el congresista estadounidense Charles Rangel, asistió para controlar las medidas tomadas por el gobierno peruano en materia de legislación laboral y medio ambiente.
No sólo se ponen en cuestión derechos laborales sino que además se procede a una injerencia directa en la política interna de los países hispano-parlantes en tanto representantes del gobierno norteamericano en Panamá influencian directamente sobre la decisión del gobierno panameño en materias relacionadas con el tratado.
Tanto Estados Unidos como la UE están siendo interpelados por sus socios comerciales para que abran sus mercados de importaciones de productos agroalimentarios como de servicios.
Lo importante es el debate que se está logrando instalar en la sociedad sobre la importancia de la inclusión del ciudadano en las conversaciones y negociaciones, se oyen voces provenientes de los más diversos grupos en las dos regiones, tanto la centroamericana en los tratados con la UE como la sudamericana, tanto de grupo indígenas, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos opositores. Cierto es que los borradores del TLC entre Estados Unidos y Perú dejan afuera rebajas arancelarias sobre los productos agrícolas. Los mismos obstáculos que se presentan en la OMC, se trasladan a los tratados bilaterales.
Mientras tanto desde el norte se sigue manteniendo la misma postura, en tanto lo único que se toma en cuenta es la voluntad de las empresas y sus beneficios, sin proponer un plan de acción conjunto tendiente al desarrollo de los países del sur.
Esto merece una reflexión final concerniente a la conducción de las elites que se han perpetuado en el gobierno y tienden a colocar sus intereses privados por sobre los intereses de los ciudadanos.

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(Por María Cecilia Pon)

A principios de agosto concluyó la VI Cumbre Social por al Unión Latinoamericana y Caribeña, reunión en la cual se realizaron declaraciones basadas en la iniciativa del ALBA y en los postulados del llamado socialismo del siglo XXI.
Tomaron parte del evento representantes de África, Asia, Europa, de Estados Unidos y Canadá. Los debates se centraron en temas como la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social como parte del camino emprendido hacia la integración de Latinoamérica y del Caribe.
Los temas tratados estuvieron vinculados con los derechos de los pueblos y se estableció al ser humano como eje de toda iniciativa colectiva, concluyendo que el intercambio comercial constituye un medio y no un fin en sí mismo de la actividad de los pueblos. En esta línea se ratificaron los principios del ALBA: la solidaridad, complementariedad y la cooperación. La próxima aprobación de la Carta Social de las Américas fue uno de los puntos debatidos, sobre lo cual se concluyó que la firma de este documento en el seno de la OEA, constituiría en sí mismo un triunfo sobre Estados Unidos.1 También fue tratada la relación con otros países del sur y la aprobación del parlamento africano-latinoamericano en pos de profundizar los lazos de integración con estos países. En lo que respecta a la modificación de la estructura financiera mundial, se dio apoyo a la creación del Banco del Sur como forma de saldar la dependencia con estas instituciones.
Merecen ser destacadas las declaraciones y las expresiones de voluntad recogidas en la declaración final de la Cumbre, ya que proyectan la integración latinoamericana mas allá del aspecto económico y ponen el acento en el carácter social y político de la misma, enfatizando la necesidad del progreso y del desarrollo de los pueblos. Es evidente que a la luz de las tendencias integracionistas mundiales, de las crisis provocadas por el agotamiento del modelo neoliberal y la proliferación de gobiernos progresistas de la región, la voluntad política de nuestros gobiernos por lograr una verdadera integración latinoamericana se ha visto reforzada. Además de liderazgo, necesario a la hora de encarar políticas de cambio profundas, y para evitar que las nuevas propuestas constituyan un foro político donde la retórica se halle pronto sin el sustento de las políticas de estado, es preciso que los estados de América Latina y el Caribe no pierdan de vista el objetivo, el proyecto en torno del cual están fundando la integración. Será esta vez el Desarrollo de los Pueblos, más allá de la mera búsqueda de competitividad económica?
Ciertamente la región sigue experimentando serias dificultades a la hora de avanzar en los procesos de integración, entre las cuales podemos mencionar la dificultad de compatibilizar asimetrías de las economías dentro de un mismo bloque, la falta de liderazgo, la resistencia a la supranacionalidad, las dificultades internas para la apertura económica, entre otras. Naturalmente, la suma de estas dificultades ha resultado en el estancamiento del MERCOSUR y el retroceso de la CAN, los principales bloques de Sudamérica. Esto nos lleva a pensar en el objetivo fundante como garantía de que las dificultades naturales en todo proceso de construcción política van a trabar circunstancialmente, y no esencialmente, el avance de la integración.

1 La Carta Social de las Américas fue propuesta por Venezuela en 2001 en el seno de la OEA como programa para establecer derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos

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(por María Cecilia Pon)

Durante los días 10 y 11 de agosto se llevó a cabo la III Cumbre de Petrocaribe en Caracas con el objetivo de fortalecer las relaciones multilaterales entre los 14 países signatarios1. Desde su creación, el 29 de junio de 2005, la iniciativa Petrocaribe se fundamenta en un esquema de intercambio equitativo y justo entre los países caribeños, bajo los principios de solidaridad y complementariedad entre los pueblos, promoviendo la plena soberanía sobre sus recursos hidrocarburíferos para el desarrollo socioeconómico de la región. Uno de los principales objetivos de Petrocaribe es reducir las asimetrías energéticas existentes los países a partir de una disminución los costos de acceso a la energía, desplazando la intermediación, desarrollando infraestructuras en distintos países para el manejo de sus recursos.
Petrocaribe es una más dentro de las iniciativas de lo que se llama la “diplomacia energética” llevada a cabo por el presidente Venezolano Hugo Chávez, que comienza a inicios de 2007 y abarca numerosas reuniones y acuerdos con países de América del Sur y Central. En todos los casos la energía fue el tema central a partir del cual se realizaron las visitas y se celebraron acuerdos, sin embargo, es importante analizar en qué medida estos encuentros incluyeron medidas concretas hacia otro tipo de integración energética más allá del mero intercambio comercial de hidrocarburos.
La “diplomacia energética” se inicia en marzo con la gira del mandatario venezolano y su crítica al papel de los biocombustibles, con el objetivo de contrarrestar la gira del presidente Bush por Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México que tuvo como eje el acercamiento a Brasil por la cuestión de los biocombustibles. Más adelante, se celebró un encuentro entre jefes de estado sudamericanos en la Isla Margarita en la que estuvieron presentes los presidentes de Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, el Vicepresidente de Uruguay, el primer Ministro de Guyana y el delegado de Surinam. Los acuerdos más concretos plasmados en la Declaración de Margarita fueron la creación del Consejo Energético de Sudamérica, integrado por los ministros de energía de cada país, designado para elaborar una Estrategia Energética continental, un Plan de Acción y una propuesta para un Tratado Energético Sudamericano. Otro de los acuerdos consistió en la aceptación de la propuesta venezolana de llamar a la Comunidad Sudamericana de Naciones como "Unión de Naciones Sudamericanas" (UNASUR). Por último, a fines de abril tuvo lugar el quinto encuentro presidencial de los países participantes en el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), y en este caso asistieron los presidentes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el vicepresidente de Cuba, y observadores de Haití y Ecuador, entre otros. Allí se firmaron una serie de tratados en materia energética con financiación preferencial, además de acuerdos en las áreas educativa, cultural, financiera, seguridad alimentaria, salud, telecomunicaciones, minera e industrial. Venezuela suscribió acuerdos energéticos bilaterales con Bolivia, Nicaragua y Haití en donde, en todos los casos, Venezuela conviene suministrar petróleo financiando el 50% del mismo a 25 años a través de PDVSA, la empresa estatal venezolana, y el Fondo ALBA.

1 El acuerdo para la conformación de Petrocaribe fue suscrito por los gobiernos de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, Saint Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Neves, Surinam y Venezuela.

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8, 22 y 29 de agosto Taller sobre gestión de iniciativas sociales
Forma parte del Programa de fortalecimiento institucional para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), organizado por el Centro para el compromiso Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) y está dirigido a personal voluntario o rentado de organizaciones de la sociedad civil, organismos del gobierno, empresas, universidades, etc. que desarrollen tareas relacionadas a la gestión de iniciativas sociales. Se dictará los martes 8, 22, 29 de agosto y 23 de septiembre, de 16.45 a 18.45, en el edificio San Alberto Magno, UCA, Av. Alicia Moreau de Justo 1500. Informes e inscripción: compromisosocial@uca.edu.ar

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23 al 25 de Agosto: Primer Encuentro Nacional e Internacional sobre Economía Política y Derechos Humanos -Buenos Aires

La Asociación Madres de Plaza de Mayo conciente de la necesidad de una práctica revolucionaria cotidiana que se fundamente en la más estrecha unidad dialéctica con la ciencia, invita a participar del Primer Encuentro Sobre Economía Política y Derechos Humanos que tendrá lugar en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo (UPMPM) Hipólito Yrigoyen 1584, Buenos Aires, Republica Argentina.
Para realizar consultas sobre inscripción u otros temas:
Informes: congresoeconomia@madres.org
www.madres.org/congreso_eco/congreso_eco.asp

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