Un caso paradigmático de grave violación de los derechos de una niña violada
En la provincia de Entre Ríos se ha producido un caso paradigmático de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes vigentes en nuestra Constitución Nacional desde 1994 que tiene como protagonista esta vez a una niña de 11 años abusada sexualmente y embarazada a raíz de la violación. Después de ser atendida en el Hospital Regional de San Miguel, cercano a Concordia en la provincia de Entre Ríos, la madre solicita un aborto no punible. Este encuadraba en las causales establecidas como abortos no punibles en el artículo 86 del Código Penal para proceder a un aborto terapéutico. Asimismo contaba con el aval de otros instrumentos del Sistema Nacional de Salud como son los Protocolos de Atención Integral de personas Víctima de Violación Sexual, recientemente sancionado y por la Guía Técnica de Atención Integral de Abortos no Punibles que señala que los profesionales médicos están autorizados para llevar a cabo la interrupción de ese embarazo producto de una violación en una menor de edad.
Sin embargo, al igual que en ocasiones situaciones similares, el personal médico con el aval de las autoridades del hospital optaron por la judicialización del caso llegando al juzgado de Familia de Concordia. De allí en más los jueces al igual que el director del hospital, profesionales médicos y el mismo Ministro de Salud de Entre Ríos, consideraron que este embarazo debía llevarse a cabo, desconociendo las consecuencias para la salud de la niña, del futuro bebé y su familia.
Esta familia de origen humilde, que por su misma situación carece de la información y del capital cultural y educativo que le permita enfrentar esta situación, defendiendo los derechos de la niña abusada ,fue presionada para continuar con el embarazo y definir el “futuro” de la niña abusada. Las consecuencias están a la vista: una niña que su único deseo se expresó cuando señaló “ quiero volver a ser como antes” , será madre y verá coartado su futuro, reproducirá esta situación sobre sus descendientes y en lo inmediato tiene en riesgo de manera severa su salud física y psíquica, al igual que el futuro niño.
Ante esa situación no puede el Ministro de Salud de la Nación hacer cumplir la ley y proteger los derechos de una niña abusada, víctima inocente de la pobreza y el oscurantismo?
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