Presentación

En un mundo cada vez más globalizado, en el que se advierte la creciente subordinación de los estados nacionales al poder trasnacional de las grandes corporaciones financieras, la efectivización de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores populares de América Latina requiere en muchos casos de una Estrategia de Litigio cada vez más compleja y pluridimensional. 

Asumiendo ese desafío, el área de Litigio Estratégico de FOCO se propone apuntalar las luchas de los sujetos y comunidades afectadas por violaciones a los derechos humanos, mediante el diseño y ejecución de acciones destinadas a hacer visible sus problemáticas, amplificar políticamente sus reivindicaciones, doblegar el poder y la voluntad de las empresas trasnacionales y, en última instancia, lograr una  incidencia concreta en las políticas públicas del Estado Argentino hacia el progresivo cumplimiento de los Pactos Internacionales suscriptos en la materia.

Teniendo en cuenta que resulta sumamente difícil el logro de los objetivos propuestos sin una estrategia creativa en la que se combinen y yuxtapongan distintas variantes fácticas y jurídicas de litigio (movilización popular, visibilización mediática del conflicto, mecanismos de denuncia judiciales y extrajudiciales, tanto en el orden nacional como internacional), esta Área de trabajo de FOCO propone el siguiente Marco de Acción:

1) Los Sistemas Interamericano y Universal de Protección de los Derechos Humanos (léase los órganos de control y seguimiento en el cumplimiento de los derechos tutelados en los Pactos Internacionales).

2) Los espacios jurisdiccionales de carácter político, no contencioso y de conciliación: por ejemplo, la Oficina del Consejero en Responsabilidad Social de las Empresas del Sector Extractivo en Canadá, o el creado por los Instrumentos Internacionales en el campo del Derecho Suave (o “soft law”), como las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y su Guía de Procedimiento ante los Puntos Nacionales de Contacto.

3) El campo extrajudicial, como el Mecanismo Independiente de consulta e investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mecanismo de revisión ante la CAO (Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman dependiente del Presidente del Grupo del Banco Mundial), o los mecanismos informales de obstrucción del financiamiento destinado a las empresas trasnacionales, sea ante la banca pública de sus países de origen o ante los denominados Fondos Nacionales de Pensión.

Todo ello con el horizonte de potenciar las herramientas nacionales de lucha de los grupos vulnerables (entre otras, los tribunales locales), amplificar su relevancia política, erosionar la credibilidad de las empresas trasnacionales y lograr la satisfacción de los derechos humanos vulnerados, equilibrando la correlación de fuerzas entre éstas y las poblaciones afectadas, de tal manera que se logre una incidencia directa en las políticas públicas del Estado en el marco de su obligación de proteger, respetar y promover esos derechos en el ámbito interno.